Propietarios de la mina San José declaran en extensa jornada ante fiscal regional de Atacama

Héctor Mella investiga las lesiones graves del trabajador Gino Cortés y el derrumbe de la mina donde permanecen atrapados los 33 mineros.

Mientras continúan los trabajos en la mina San José para rescatar a los mineros atrapados en su interior, los propietarios del yacimiento declararon ante el fiscal regional de Atacama (Foto Codelco).

Por más de diez horas el fiscal regional de Atacama, Héctor Mella, interrogó ayer a los dueños de la mina San José, Alejandro Bohn y Marcelo Kemeny, en el marco de las investigaciones que lleva en su contra, por el delito de lesiones graves del trabajador Gino Cortés y el derrumbe del yacimiento San José, donde permanecen atrapados los 33 mineros en Copiapó.
Los dueños del yacimiento ingresaron a la Fiscalía Regional de Atacama alrededor de las 9.00 horas de la mañana para declarar ente el fiscal Mella y abandonaron el recinto recién cerca de las 20.00 horas.
La declaración de los empresarios se reiniciará hoy viernes a primera hora de la mañana.
Cabe señalar que en la investigación por las lesiones sufridas por Gino Cortés tras una explosión de roca ocurrida en la mina San José mientras realizaba sus labores, sufriendo la amputación de una de sus piernas de Cortés, los empresarios serán interrogados en calidad de inculpados.
Por otra parte, ambos ejecutivos comparecen como testigos en la investigación por el derrumbe, ya que, de acuerdo a lo informado por la Fiscalía Regional, no se adoptará ninguna decisión relevante en la causa, respecto a Bohn y Kemeny, hasta que los mineros sean rescatados desde el interior de la mina.
Decisión judicial
En tanto continúan las labores destinadas a lograr el rescate de los trabajadores, la jueza (S) del Primer Juzgado de Letras de Copiapó, Mirta Lagos, decidió ordenar la retención de 900 millones de pesos de la empresa San Esteban, propietaria de la mina San José.
En la página web del Poder Judicial se señala que la jueza acogió la medida precautoria presentada por el abogado Edgardo Reinoso en representación de 26 familias de los mineros.
El dinero correspondería a pagos que la Empresa Nacional de Minería (Enami) debía cancelar a la cuestionada empresa por concepto de producción de mineral y la medida precautoria rige por un plazo de 30 días, mientras los familiares hagan efectivas las demandas judiciales.

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